La ley otorga al Estado el poder de clausurar empresas o confiscar mercancía en caso de que se compruebe aumentos injustificados en los precios
Se convirtió en ley un proyecto oficial para regular la actividad de las grandes empresas, por la Cámara de Diputados de Argentina, hecho que fue criticado por opositores y empresarios que manifiestan que la ley ahuyentará inversiones.
La nueva ley tuvo el aval de 130 diputados contra 105 votos negativos y 5 abstenciones.
Esta ley 'permite defender a la pequeña y mediana empresa, promover inversión, estimular el empleo de las economías regionales', dijo a periodistas el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich.
Además, sirve para 'generar las condiciones para una regulación por parte del Estado a efectos de evitar el abuso de posición dominante y la apropiación indebida de excedentes en la cadena de producción'.
Se acusa a la presidenta Fernández de perjudicar la actividad con la intervención estatal que promueve el gobierno, por parte de diversos sectores clave como el agropecuario, de esta manera restringe importaciones o exportaciones o limitando el acceso a divisas.
Por otro lado el gobierno ratifica que sus políticas buscan fortalecer a los sectores de menor recursos ante la desaceleración de la economía.